La Justicia cree que en el gobierno anterior hubo un “plan” para apropiarse de fondos

La Justicia cree que en el gobierno anterior hubo un “plan” para apropiarse de fondos

Lo sostiene un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Es sobre tres causas por presunta corrupción durante el gobierno del exintendente Nicolás Ducoté. Incluyen el plan de hábitat de Monterrey, la planta depuradora de Peruzzotti y los microcréditos.

De la redacción de www.pilaradiario.com

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió en los últimos días una serie de dictámenes en diferentes causas en las que se investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública durante el gobierno del exintendente Nicolás Ducoté.
En el último, los responsables del organismo, Sergio Rodríguez y Gabriel Landau Quintana, coincidieron en que las distintas maniobras investigadas podrían formar parte de un mismo plan, urdido por funcionarios locales y nacionales con la intención de desviar fondos que estaban bajo su cuidado. 

Las tres causas que tienen en análisis investigan diferentes delitos. Dos de ellas se posan sobre el pago de obras públicas que no se realizaron o solo se completaron a medias. Se trata de los planes de hábitat que tenían por objeto realizar mejoras fundamentales en los barrios Monterrey y Peruzzotti. En la primera, se investiga un supuesto desvío millonario de fondos para pagar asfaltos, plazas, alumbrado público y redes de agua y cloacas que no se realizaron. 
En Peruzzotti, la investigación apunta al pago por una planta depuradora de desechos cloacales que fue abonada pero no realizada y que solo se entregó al Municipio después de los primeros allanamientos judiciales.
La tercera apunta al reparto de microcréditos con fondos nacionales cuyo destino es al menos vidrioso y que, de acuerdo a los denunciantes, habrían terminado en el circuito del financiamiento espurio de la campaña.

La identificación de un accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea, permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”, sostiene uno de los dictámenes a los que tuvo acceso El Diario. A la vez, señala que las acciones se realzaron “con la clara participación de los funcionarios que en distintos estadios de la maniobra efectuaron sus aportes, desde las cuantiosas aplicaciones de recursos hasta la hasta la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas las aplicación de sumas de dinero por las cuales el Estado ni la sociedad se vio beneficiada, sino los empresarios o intermediarios, con posibles retornos a los funcionarios involucrados”.
El mismo sentido, observan que “sin perjuicio que las particularidades de cada convenio específico serán tratadas por separadas en cada dictamen, lo cierto es que los tres acuerdos conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”.

Los nombres
Las tres causas fueron iniciadas a partir de una serie de denuncias presentadas por concejales del actual Frente de Todos durante el año pasado, cuando aún estaban en la oposición. Algunas se presentaron a partir de información de la redición de cuentas del 2018, donde aparecían pagos por obra que, a simple vista, no existían. El resto fue tirar de la cuerda.
En las tres causas hay involucrados funcionarios municipales, empresarios, algunos comerciantes del rubro materiales de construcción. Y también funcionarios nacionales. Este punto es clave para la PIA, que entiende que la causa debe volver a la Justicia Federal, luego de haber pasado a la de la Provincia de Buenos Aires. 
Los nombres que más se repiten entre los imputados son los del exitendente Nicolás Ducoté y varios miembros de su gabinete, sobre todo el exsecretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, y su par de Hacienda, Cecilia Cabrera. También están acusados el exjefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone. Y, desde Nación, el exministro de Interior del macrismo, Rogelio Frigerio. 
Tras el dictamen de la Procuraduría, la justicia deberá ahora determinar la competencia de las causas.  

285 
millones envió Nación al gobierno de Nicolás Ducoté para la supuesta entrega de microcréditos. Según el dictamen de la PIA, la transferencia se realizó “con la simple remisión de un listado de personas que siquiera se conoce si existen”.

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