En una reciente entrevista conducida por Antonio Novas en su programa «Personalmente«, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector debido a la falta de pagos por parte de PAMI.
Reuniones ministeriales sin soluciones concretas
La tensión aumentó tras la reunión entre el Ministro de Salud, Mario Lugones, y el de Economía, Luis Caputo, quienes intentaron destrabar la situación financiera de la obra social de los jubilados. Según trascendió, el Ministerio de Salud reclama una partida de 1.000 millones de pesos para saldar deudas pendientes con prestadores, incluidas clínicas y farmacias.
A pesar del encuentro, las respuestas oficiales han sido vagas, calificando la reunión como «productiva» y prometiendo avances en los «próximos días». Esta demora genera incertidumbre en un sector que ya se encuentra al límite de su capacidad financiera.
Las farmacias, al borde del quiebre
Gómez explicó que el problema no es solo provincial, sino una crisis de alcance nacional que afecta a más de 5 millones de afiliados. La estructura del sistema obliga a las farmacias a realizar un esfuerzo financiero que hoy resulta insostenible:
Plazos de pago asimétricos: Las farmacias deben pagar los medicamentos a las droguerías en un promedio de 15 días.
Atraso en los cobros: Existen prestaciones de enero que aún no han sido liquidadas por el PAMI.
Riesgo de corte: Entre el 30% y 40% de las farmacias del país podrían verse obligadas a suspender el servicio en las próximas horas debido al corte de crédito por parte de las droguerías.
«La farmacia es quien compra el medicamento y lo paga en plazos muy cortos. No hay manera de que la farmacia pueda seguir financiando todo el sistema», sentenció Gómez.
El impacto en el eslabón más débil
La dirigente advirtió que esta situación desemboca inevitablemente en una crisis sanitaria. Cuando una farmacia pierde su crédito con la droguería por falta de pago, deja de recibir stock, lo que impide que tanto jubilados como el público general accedan a sus tratamientos.
En muchas localidades del interior del país, la farmacia representa el único contacto directo con el sistema de salud, lo que agrava la vulnerabilidad de los pacientes ante la falta de respuestas gubernamentales.
