En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la Ley de Financiamiento Universitario, el abogado constitucionalista Luis Pablo Manili aseguró que la negativa del Poder Ejecutivo a cumplir con la norma “no tiene antecedentes en la historia” y advirtió que el incumplimiento de fallos judiciales podría derivar en el delito de desobediencia.
Durante una entrevista con Antonio Novas en el programa Personalmente, por FM Estudio 2, Manili sostuvo que el reclamo universitario excede cualquier alineamiento partidario y defendió la legitimidad de la movilización realizada en defensa de la educación pública.
“El presidente suspendió la ley del Garrahan, la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. Esto está prohibido en el derecho constitucional comparado desde 1788”, afirmó el jurista, quien además representa al Consejo Interuniversitario Nacional en las acciones judiciales iniciadas contra el Estado.
“La educación pública es un mandato constitucional”
Consultado sobre la postura del Gobierno de Javier Milei frente a una ley aprobada por el Congreso con mayoría agravada, Manili fue categórico: “Acá hay una ley y hay que cumplirla. Punto”.
Según explicó, el argumento oficial de que la norma no especifica de dónde deben salir los fondos “es falso”, porque la ley “no crea nuevas partidas presupuestarias”, sino que actualiza montos ya previstos en el presupuesto 2023 y deteriorados por la inflación.
“El Gobierno recauda más por la inflación porque los impuestos generan más dinero. Entonces también tiene que actualizar la partida de gasto”, sostuvo.
Además, remarcó que el equilibrio fiscal “no es un mandato constitucional”, mientras que la obligación de garantizar educación pública gratuita y de excelencia sí está establecida expresamente en la Constitución Nacional.
“Lo que está ocurriendo es gravísimo. El presidente no cumple con la Constitución, no cumple con una ley sancionada por el Congreso y no cumple con dos órdenes judiciales consecutivas”, señaló.
La situación salarial y las becas universitarias
El constitucionalista detalló que la medida cautelar obtenida por las universidades apunta especialmente a la cuestión salarial. Según indicó, docentes, investigadores, no docentes y becarios acumulan una pérdida superior al 45% en sus ingresos.
“Si en 2023 usted ganaba 10 pesos, ahora gana cinco y monedas”, graficó.
También cuestionó el estado actual de las becas estudiantiles. “Las becas para estudiantes carenciados están en 35 mil pesos. No alcanzan ni siquiera para el transporte”, afirmó.
En ese sentido, vinculó las dificultades económicas con la deserción universitaria: “El 70% de los alumnos de las universidades nacionales trabaja. Es lógico que muchos tarden más en recibirse o abandonen”.
¿Puede configurarse un delito?
Ante la consulta sobre las consecuencias jurídicas del incumplimiento, Manili explicó que desobedecer una orden judicial puede constituir el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
“El no cumplimiento de una orden judicial es el delito de desobediencia”, afirmó, y reveló que ya solicitaron a la Justicia que intime nuevamente al Gobierno bajo apercibimiento de remitir las actuaciones al fuero penal.
Sin embargo, advirtió que el impacto institucional y social excede cualquier eventual sanción penal. “El daño es al futuro de los argentinos, a los sueños de muchos jóvenes, a la ciencia y a la tecnología”, expresó.
La expectativa sobre la Corte Suprema
Respecto de una futura resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manili se mostró optimista y consideró que el tema no presenta “zonas grises”.
“No hay media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro. Hay una ley y hay que cumplirla”, insistió.
El abogado también defendió la actual composición del máximo tribunal y rechazó que sus decisiones estén condicionadas políticamente. “Esta Corte está conformada por juristas”, afirmó.
Mientras tanto, explicó que las universidades ya solicitaron la ejecución de la medida cautelar favorable obtenida en instancias inferiores, por lo que estima que podría haber novedades antes de que la Corte dicte sentencia definitiva.
“La marcha fue transversal”
Sobre la movilización universitaria, Manili destacó la amplitud social y política de la convocatoria.
“Hubo jóvenes, adultos, ancianos; peronistas, radicales, gente de izquierda y de derecha; hubo votantes del Gobierno, gremios, alumnos y docentes. El pueblo en general estaba en la plaza marchando en defensa de la educación pública”, concluyó.
