El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Pablo Juliano aseguró que la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una etapa decisiva, luego de que el fiscal le solicitara al funcionario que justifique las inconsistencias detectadas en su patrimonio.
En diálogo con Antonio Novas, Juliano explicó que la Justicia le otorgó a Adorni un plazo de 15 días para brindar explicaciones sobre su situación patrimonial.
“Lo que le está pidiendo es que informe definitivamente cuál es su situación patrimonial”, sostuvo el legislador durante la entrevista en el programa Personalmente de FM Estudio 2.
Según Juliano, durante los últimos meses se produjeron distintas modificaciones en las declaraciones patrimoniales presentadas por el funcionario, situación que, a su entender, terminó generando mayores interrogantes en el expediente.
“Había presentado veintipico de rectificaciones de su propia declaración jurada. Iba haciendo un dibujo, otro más, otro más, y lo iba cambiando a medida que se le iban precipitando las propias situaciones que él intentaba ocultar”, afirmó.
La cifra de USD 400.000 que aparece en la investigación
Durante la entrevista, Antonio Novas puso el foco en uno de los elementos centrales de la investigación: el monto que, según surge de la requisitoria fiscal mencionada durante el programa, no encontraría una justificación suficiente en los ingresos declarados.
Novas señaló que el expediente contiene 207 fojas y mencionó una cifra cercana a los USD 400.000 vinculada al presunto enriquecimiento ilícito.
Juliano coincidió en que el dato resulta relevante y explicó que el fiscal habría llegado a un monto concreto que Adorni deberá explicar.
“El fiscal le ha puesto precio, le ha puesto monto, por así decirlo”, sostuvo el diputado.
En ese sentido, remarcó que el funcionario deberá demostrar de qué manera se justifica esa diferencia patrimonial a partir de sus ingresos y declaraciones.
El legislador también sostuvo que la investigación deberá analizar no solamente el patrimonio, sino además el comportamiento del funcionario durante el desarrollo de la causa.
“Va a tener que evaluar todo el fiscal”, afirmó Juliano, quien consideró positivo que el expediente continúe avanzando pese a haber perdido parte de la exposición mediática que tuvo meses atrás.
El proyecto para enfrentar el sobreendeudamiento
Durante la segunda parte de la entrevista, Juliano presentó otro de los temas centrales de su agenda legislativa: un proyecto destinado a crear un régimen de protección y defensa de los usuarios financieros, con especial atención sobre quienes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento.
El diputado aseguró que existe un fenómeno creciente de personas que toman nuevos créditos para pagar deudas anteriores.
Según los datos que mencionó, alrededor de 20 millones de argentinos son deudores, mientras que unos 6 millones se encontrarían en una situación de sobreendeudamiento, es decir, tomando nuevos préstamos para cubrir obligaciones anteriores.
“Siempre estás endeudado, no podés salir. 20 millones son deudores en la Argentina. La mitad del país debe”, describió.
Para Juliano, el problema no se limita a los bancos tradicionales, sino que también involucra a las billeteras virtuales, fintech y otras entidades que ofrecen créditos de manera digital.
Críticas al sistema de préstamos de las billeteras virtuales
El diputado cuestionó especialmente los mecanismos mediante los cuales algunas plataformas determinan cuánto dinero pueden ofrecerle en crédito a un usuario.
Según explicó, las empresas utilizan información vinculada con los consumos y el comportamiento digital de los clientes para determinar su capacidad de acceso al crédito.
“Vos vas y comprás en una plataforma y después la plataforma te dice cuánto te puede prestar”, explicó.
Juliano comparó esa situación con los mecanismos tradicionales utilizados por los bancos, que cuentan con sistemas de scoring, análisis de riesgo y alertas ante cambios en el comportamiento financiero de un cliente.
El legislador consideró que existe un desequilibrio entre las empresas que ofrecen los créditos y los consumidores que los toman.
“La cancha está profundamente desbalanceada”, afirmó.
Los tres puntos centrales del proyecto
Consultado por Antonio Novas sobre los principales aspectos de su iniciativa, Juliano enumeró tres ejes.
1. Revisión judicial de las deudas.
El proyecto plantea que una persona sobreendeudada pueda someter su situación financiera a revisión de un juez y acceder a un mecanismo que permita ordenar sus obligaciones.
2. Crédito transparente.
La iniciativa busca que el usuario conozca claramente, antes de aceptar un préstamo, todas las condiciones de contratación, incluyendo los costos y obligaciones que asumirá.
3. Nuevas restricciones para equilibrar la relación.
El tercer eje apunta a establecer límites y controles sobre las prácticas de las empresas que otorgan créditos utilizando información personal y financiera de los usuarios.
“Hay que poner ciertas restricciones”, planteó Juliano.
“No estoy planteando que no la paguen”
El diputado aclaró que su proyecto no busca eliminar las deudas ni permitir que los usuarios dejen de pagar.
“No estoy planteando que no la paguen. Esa gente tampoco plantea no pagar. Lo que quiere es salir del ahogo y de la presión”, explicó.
La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en otros países, particularmente Alemania y España, bajo mecanismos conocidos como “segunda oportunidad”, destinados a permitir que personas que quedaron atrapadas en una situación de insolvencia puedan reorganizar sus obligaciones y recuperar progresivamente su capacidad financiera.
Para Juliano, el Estado debe intervenir para equilibrar una relación que considera desigual.
“No creo que sea solamente entre privados. Están desniveladas las proporciones y el Gobierno y el Estado tienen que entrar ahí a tocar el silbato porque si no el partido va a terminar mal”, concluyó.
