La situación de la política nacional de discapacidad volvió a quedar en el centro de la agenda luego de la renuncia de Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad, y de la difusión de una auditoría que detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros de deuda de la exAgencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El tema fue analizado por Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y exdiputado nacional, en diálogo con Antonio Novas en Personalmente, por FM Estudio 2.
La auditoría oficial, difundida por LA NACION, detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre registros de la deuda exigible de distintas áreas del organismo. El relevamiento alcanzó, entre otros puntos, pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, contratos y otros movimientos administrativos. La investigación judicial sobre la gestión anterior continúa en curso.
Qué dijo Arroyo sobre la auditoría
Durante la entrevista, Arroyo señaló que la discusión sobre el funcionamiento del organismo comenzó a partir de las dificultades que atravesaban personas con discapacidad para acceder a medicamentos, traslados y tratamientos.
“Nosotros empezamos a hacer los estudios y empezamos a trabajar la ley porque la gente no recibía medicamentos, no accedía ni a medicamentos, ni a traslados, ni a terapias”, explicó.
El exfuncionario sostuvo que una de las cuestiones que generaban interrogantes era que, mientras se registraban dificultades para acceder a prestaciones, aumentaba el presupuesto destinado al organismo.
“¿Cómo puede ser? Si cada vez recortan más y dan menos cosas, ¿cómo es que tiene más presupuesto?”, planteó.
Según Arroyo, la auditoría permitió detectar diferencias en los circuitos administrativos y dejó planteada la necesidad de determinar cómo se asignaron determinados recursos.
La renuncia de Alejandro Vilches
Vilches presentó su renuncia el 21 de septiembre, en medio de la discusión por el financiamiento de las políticas de discapacidad y luego de la difusión de los resultados de la auditoría. El Gobierno informó que la salida obedeció a “motivos personales”.
Un día después fue designado Pablo Di Liscia como sucesor al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
En su entrevista con Novas, Arroyo sostuvo que la gestión de Vilches tuvo dos aspectos diferentes: por un lado, la realización de la auditoría; por otro, las decisiones vinculadas con el funcionamiento de las prestaciones.
“Me parece que son las dos cosas: el que renunció, por un lado hizo una auditoría y, por otro lado, desacomodó e hizo colapsar el sistema de atención a personas con discapacidad”, afirmó.
El reclamo por medicamentos, transporte y terapias
Arroyo describió las dificultades que, según su experiencia y los relevamientos que mencionó durante la entrevista, enfrentan familias que necesitan prestaciones vinculadas con discapacidad.
Entre los problemas enumeró el acceso a medicamentos, los traslados y las terapias.
También cuestionó el nivel de los aranceles del nomenclador y puso como ejemplo el transporte para personas con discapacidad.
“El sistema está con un valor muy bajo”, sostuvo al referirse a los prestadores.
En este punto, el Gobierno nacional sostiene oficialmente que durante 2026 se implementó un esquema de actualización mensual del nomenclador basado en el IPC. En septiembre se estableció una actualización del 1,7%, según la Resolución 3487/2026.
Qué ocurre con el nomenclador
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el futuro del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que determina los valores de diferentes servicios, entre ellos rehabilitación, centros de día, educación terapéutica y transporte.
Arroyo explicó que la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad contempló la actualización de esos valores y cuestionó lo que, según su interpretación, implica el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno para 2027.
“Como durante dos años no se actualizó el nomenclador, la ley ordenaba eso, reorganizaba el nomenclador y después aumentaba mes por mes por inflación”, explicó.
El exdiputado sostuvo que el problema es que los valores acumulaban un atraso previo y que una actualización mensual no necesariamente compensa esa diferencia.
La normativa vigente contempla un sistema de prestaciones básicas y el Gobierno viene aplicando actualizaciones mensuales. La Secretaría Nacional de Discapacidad informó oficialmente aumentos vinculados al IPC durante 2026, incluido el 1,7% correspondiente a septiembre.
La discusión por el Presupuesto 2027
Arroyo también se refirió al tratamiento parlamentario del Presupuesto 2027 y a los cambios que, según sostuvo durante la entrevista, podrían producirse en materia de discapacidad.
Según su interpretación, el proyecto enviado originalmente planteaba modificar el mecanismo de actualización del nomenclador.
El exdiputado sostuvo que el Congreso podría avanzar en una modificación para mantener un nomenclador universal, con obligaciones para las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
La cuestión se encuentra vinculada con la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya reglamentación fue aprobada mediante el Decreto 84/2026.
“Nunca vi tanta angustia”
En el tramo más personal de la entrevista, Arroyo describió el impacto que, según su experiencia, tiene la situación sobre las familias.
“Estuve en los comedores cuando estaba todo cerrado y estábamos todos asustados. He estado en inundaciones, en barrios pobres. Nunca vi tanta angustia, nunca sentí tanta angustia y tanto dolor como veo hoy con las madres que están desesperadas”, afirmó.
El exfuncionario sostuvo que la discusión sobre discapacidad atraviesa las diferencias partidarias porque involucra situaciones concretas de familias que necesitan prestaciones, tratamientos y asistencia.
“Discapacidad es algo diferente al resto”, señaló.
Una discusión que continúa en el Congreso
La situación de la discapacidad quedó así atravesada por tres cuestiones simultáneas: la investigación judicial sobre la exANDIS, la auditoría que detectó diferencias millonarias en los registros administrativos y la discusión parlamentaria sobre el financiamiento y actualización de las prestaciones.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que durante 2026 implementó un mecanismo de actualización mensual del nomenclador vinculado al IPC.
La discusión sobre el Presupuesto 2027 deberá definir cómo continuará ese esquema y cuál será el alcance de las obligaciones para los distintos actores del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
