La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) quedó bajo discusión judicial luego de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que cuestionó distintos aspectos del proceso impulsado por el Gobierno nacional.
En diálogo con Antonio Novas, en el programa Personalmente de FM Estudio 2, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, explicó los argumentos de la presentación y señaló que la Justicia dictó una medida cautelar que frenó la convocatoria.
Según explicó Lorenzino, el planteo apunta especialmente a las condiciones bajo las cuales se pretende avanzar con la concesión de un servicio que considera esencial para la población.
El acceso al agua, uno de los principales puntos de conflicto
Durante la entrevista, Lorenzino puso el foco en las condiciones de prestación del servicio y planteó reparos sobre la posibilidad de que una eventual empresa privada pueda interrumpir el suministro ante la falta de pago.
“Es un servicio básico esencial de un derecho humano”, sostuvo el funcionario, quien consideró que el acceso al agua debe ser garantizado independientemente de la capacidad económica de los usuarios.
El defensor bonaerense sostuvo además que, de acuerdo con su interpretación del proceso, existe el riesgo de que la prestación quede orientada principalmente hacia aquellos usuarios que puedan afrontar el costo del servicio.
El planteo adquiere particular relevancia para los sectores de menores ingresos, especialmente ante situaciones de pobreza o indigencia.
Qué pasa con las obras de saneamiento
Otro de los aspectos cuestionados durante la entrevista fue el esquema previsto para las obras de expansión y saneamiento.
Lorenzino señaló que, a partir de experiencias anteriores con servicios públicos privatizados, existe preocupación respecto de quién deberá afrontar las inversiones necesarias para ampliar las redes y ejecutar obras de infraestructura.
“Las ampliaciones las termina haciendo el Estado”, afirmó durante la entrevista y mencionó como antecedentes los servicios eléctricos y las concesiones vinculadas con infraestructura vial.
En ese sentido, cuestionó la dificultad que puede existir para exigir a una empresa privada determinadas inversiones cuando las obligaciones establecidas en los pliegos de concesión no resultan suficientemente claras o exigentes.
No obstante, el propio Lorenzino aclaró que el pliego de AySA es complejo y que será la Justicia la que deberá analizar en profundidad sus distintas condiciones.
La discusión por las tarifas
La regulación de las tarifas también formó parte de la entrevista.
Lorenzino explicó que la eventual privatización no significaría que la empresa adjudicataria pueda establecer libremente las tarifas, ya que continuarían existiendo mecanismos regulatorios y de control.
Sin embargo, cuestionó el funcionamiento actual de las audiencias públicas y sostuvo que no tienen carácter vinculante frente a las decisiones gubernamentales sobre los aumentos tarifarios.
El funcionario planteó la necesidad de modificar el sistema mediante el cual se determinan las tarifas de los servicios públicos y reclamó una mayor participación efectiva de los usuarios.
La medida cautelar y el paso al fuero federal
La presentación de la Defensoría bonaerense fue inicialmente analizada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata, que dictó una medida cautelar para frenar la convocatoria.
La decisión fue apelada y, según explicó Lorenzino, la Cámara confirmó la medida cautelar pero consideró que la cuestión corresponde al ámbito de la Justicia Federal.
De esta manera, el expediente pasó al fuero federal, aunque la medida cautelar continúa vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Lorenzino sostuvo que la Defensoría mantiene su posición respecto de la competencia provincial y adelantó que continuará planteando sus argumentos en las distintas instancias judiciales.
“No entendemos por qué el agua no”
Uno de los argumentos planteados por el defensor bonaerense está relacionado con la jurisdicción sobre los recursos naturales.
Lorenzino sostuvo que las provincias tienen competencia sobre sus recursos naturales y comparó la situación con conflictos vinculados con actividades mineras.
“Como los recursos naturales son de las provincias, la jurisdicción es de la provincia”, argumentó.
Al mismo tiempo, descartó que el traslado del expediente al fuero federal constituya una maniobra política de los jueces bonaerenses y explicó que se trata de una interpretación jurídica sobre la competencia correspondiente al proceso de licitación.
Una discusión que seguirá en los tribunales
La privatización de AySA queda así atravesada por una disputa judicial que deberá determinar, entre otras cuestiones, la competencia del fuero que debe intervenir y la validez de los planteos formulados contra las condiciones del proceso.
Para la Defensoría bonaerense, el punto central es garantizar el acceso al agua y el saneamiento como servicios esenciales, mientras que la discusión judicial deberá establecer el alcance de las obligaciones, los mecanismos de regulación y las condiciones bajo las cuales podría concretarse una eventual concesión.
