La nueva ley de discapacidad abrió un nuevo capítulo de discusión política y económica. Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto fue analizado por Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, quien destacó sus aspectos positivos, aunque advirtió que todavía existen dudas sobre su implementación.
En diálogo con Antonio Novas, en el programa Personalmente, por FM Estudio 2, Arroyo sostuvo que durante los últimos tres años el Gobierno impulsó políticas que, según su evaluación, desfinanciaron y debilitaron el sistema de atención a las personas con discapacidad.
“Durante tres años el Gobierno decidió lastimar sostenidamente a las personas con discapacidad”, afirmó el exfuncionario, al cuestionar las decisiones que, a su entender, pusieron en riesgo las prestaciones y la asistencia a las familias.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad
Arroyo consideró que el proyecto aprobado en la Cámara baja representa un avance porque permite reorganizar el sistema de prestaciones y establecer condiciones para mejorar la atención.
Entre los aspectos que destacó, mencionó la posibilidad de reordenar el nomenclador de prestaciones, facilitar el acceso a medicamentos, traslados y terapias, y avanzar con la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el desarrollo de una actividad laboral.
También señaló que la iniciativa puede contribuir a corregir situaciones de maltrato que, según describió, atravesaron las personas con discapacidad y sus familias durante los últimos años.
Sin embargo, advirtió que la aprobación legislativa no garantiza por sí sola que las medidas se traduzcan en mejoras concretas.
“Es mejor algo que nada y siempre estoy a favor de que haya una ley que dé sustento”, explicó. Al mismo tiempo, manifestó sus dudas sobre el compromiso del Gobierno con la aplicación efectiva de las normas.
La discusión por el Presupuesto y los recursos
Uno de los principales cuestionamientos de Arroyo está relacionado con el proyecto de Presupuesto, que, según indicó durante la entrevista, todavía incluía artículos que contemplaban recortes en el área de discapacidad.
Para el exministro, esa situación debe resolverse para que exista coherencia entre la nueva legislación y las decisiones económicas del Ejecutivo.
“Una, que retire la parte del presupuesto que dice voy a recortar”, reclamó, al enumerar los pasos que considera necesarios para garantizar la aplicación de la ley.
Además, sostuvo que el Gobierno debe asignar los recursos necesarios para poner en funcionamiento las medidas aprobadas. En ese sentido, vinculó la discusión con otros conflictos por el financiamiento público, entre ellos el de las universidades.
Arroyo consideró que la iniciativa todavía debe avanzar en el Senado y que luego será necesario observar qué decisiones toma el Poder Ejecutivo para llevarla a la práctica.
“Es un avance, habrá que ver si es de verdad esta vez”, resumió.
Las tensiones dentro del Gobierno por la discapacidad
Durante la entrevista con Antonio Novas, también se analizó el trasfondo político de la votación y las diferencias entre los sectores del Gobierno que intervienen en la discusión presupuestaria.
Arroyo coincidió con el planteo del conductor sobre las dificultades que enfrenta Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para gestionar las negociaciones parlamentarias en un escenario de diferencias internas.
Según relató el exministro, algunos diputados libertarios venían manifestando que la situación de las personas con discapacidad no podía continuar de la misma manera y que era necesario encontrar una respuesta.
El conflicto, explicó, también quedó expuesto durante una presentación del Presupuesto en el Congreso. De acuerdo con su relato, el secretario de Hacienda manifestó que el área económica no estaba de acuerdo con el proyecto impulsado por legisladores libertarios.
“Pero si sigue primando la lógica del recorte a lo bestia como está ahora, va a ser difícil después”, advirtió Arroyo.
A su juicio, esa diferencia entre la iniciativa legislativa y la orientación económica del Gobierno será determinante para establecer si la nueva ley tendrá una aplicación efectiva.
La incertidumbre de las familias
Hacia el final de la entrevista, Novas puso el foco en el impacto que los cambios y las idas y vueltas de las decisiones oficiales generan en las familias que dependen de prestaciones y tratamientos.
El conductor describió la incertidumbre cotidiana de madres, padres y familiares de personas con discapacidad, que deben afrontar anuncios de recortes, eventuales restituciones de recursos y nuevas discusiones sobre la continuidad de la asistencia.
Arroyo coincidió en la necesidad de que la situación tenga una resolución definitiva y expresó su expectativa de que el Gobierno cambie su postura.
El exministro insistió en que la ley constituye un avance, pero remarcó que su verdadero alcance dependerá de que se apruebe definitivamente y cuente con financiamiento suficiente.
La discusión, por lo tanto, no termina con la media sanción en Diputados. El próximo paso será observar qué sucede en el Senado y, fundamentalmente, si el Gobierno garantiza los recursos para sostener las prestaciones y la atención de las personas con discapacidad.
