En una entrevista con Antonio Novas en el programa Personalmente de FM Estudio 2 (105.9) de Pilar, el exministro de Desarrollo Social y exdiputado nacional Daniel Arroyo cuestionó con dureza el proyecto enviado por el Gobierno al Senado para modificar la ley de emergencia en discapacidad. Calificó la iniciativa como “un retroceso absurdo” y advirtió que apunta a profundizar recortes en el área.
Durante el diálogo, Arroyo —autor de la normativa vigente— sostuvo que la propuesta oficial plantea un nuevo reempadronamiento de beneficiarios, medida que consideró injustificada y perjudicial. “El gobierno ya hizo dos empadronamientos y convocó a miles de personas. Se dieron situaciones absurdas, como pedirle a alguien con ceguera de nacimiento o con síndrome de Down que vuelva a presentar todos los estudios”, explicó.
El exfuncionario también denunció fallas en los procesos previos, señalando que una gran cantidad de notificaciones no llegó a destino debido a bases de datos desactualizadas. En ese marco, afirmó que actualmente hay miles de personas esperando acceder a una pensión por discapacidad desde hace más de dos años, mientras se han reducido prestaciones esenciales.
“Hoy nadie sabe cómo acceder a un medicamento, una terapia o un acompañamiento. En ese contexto, proponen frenar todo y volver a empezar. Es claramente un retroceso”, enfatizó.
Consultado sobre las posibilidades de que el proyecto avance en el Congreso, Arroyo se mostró escéptico. Recordó que la ley de emergencia en discapacidad fue aprobada con un amplio respaldo en la Cámara de Diputados y consideró “escandaloso” que esos mismos legisladores cambien ahora su postura. “No creo que estén los votos”, aseguró.
En otro tramo de la entrevista, el exministro interpretó la iniciativa en clave política. Planteó que el Gobierno busca “ganar tiempo”, instalar temas en la agenda y evitar la implementación efectiva de la ley vigente. Además, vinculó la estrategia con otras decisiones recientes, como el conflicto por el financiamiento universitario.
“Hay dos planos: por un lado generar ruido e instalar debates; por otro, no poner en marcha lo que ya es ley. Mientras tanto, sigue el recorte”, afirmó.
Finalmente, Arroyo expresó su expectativa de que el Congreso mantenga su posición original y que la Justicia obligue al Ejecutivo a implementar la ley vigente. “Sería absurdo que cambien su voto. Espero que eso no ocurra”, concluyó.
La entrevista dejó en evidencia la tensión política en torno a la política de discapacidad, en un contexto de discusión más amplia sobre el ajuste del gasto público y el rol del Estado en áreas sensibles.
