El Gobierno nacional endureció este miércoles su postura frente al conflicto universitario y aseguró que no avanzará con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de la multitudinaria Marcha Federal que volvió a reunir a estudiantes, docentes, rectores y organizaciones sociales en distintos puntos del país.
La respuesta oficial llegó luego de una jornada de fuerte impacto político y social, en la que cientos de miles de personas se movilizaron para reclamar por el presupuesto de las universidades públicas y denunciar el deterioro salarial de docentes y no docentes. Desde la administración de Javier Milei insistieron en que la restricción presupuestaria “sigue estando ahí” y calificaron de “inviable” la norma impulsada por el Congreso.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la ley “nació muerta” y afirmó que el Ejecutivo no modificará el rumbo económico pese a la presión de las calles. “Se pueden juntar millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue estando”, planteó el funcionario en declaraciones públicas tras la protesta.
La movilización, que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en ciudades de todo el país, fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, federaciones estudiantiles y gremios docentes. Los organizadores denunciaron que las universidades atraviesan una situación crítica por la caída real del presupuesto y el retraso salarial acumulado desde 2024.
Según datos difundidos por rectores y sindicatos, las transferencias nacionales al sistema universitario registraron una pérdida cercana al 45% en términos reales desde el inicio de la gestión libertaria. Las autoridades académicas alertaron además sobre el éxodo de docentes, la paralización de proyectos científicos y las dificultades para garantizar el normal funcionamiento de las cursadas.
En el Gobierno, en tanto, minimizaron el impacto político de la protesta y volvieron a vincular la convocatoria con sectores opositores. Cerca de la Casa Rosada consideraron que la marcha tuvo un “alto contenido partidario” y ratificaron que el equilibrio fiscal seguirá siendo “inamovible”.
Durante el acto central, referentes universitarios reclamaron que la Corte Suprema intervenga para obligar al Estado a cumplir con la ley sancionada por el Congreso. También advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no aparecen respuestas concretas en las próximas semanas.
La nueva Marcha Federal Universitaria volvió a exponer uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema educativo. Mientras el oficialismo sostiene que el ajuste es indispensable para mantener el superávit fiscal, rectores, docentes y estudiantes afirman que las universidades públicas atraviesan una emergencia sin precedentes.
