La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a instalar en el centro de la discusión pública la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser sometidos a un proceso penal. En ese contexto, la exministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic cuestionó el alcance de la reforma y advirtió que una política centrada en el encarcelamiento de adolescentes puede terminar agravando el problema de la inseguridad.
En diálogo con Antonio Novas, Frederic señaló que la aplicación de la nueva normativa enfrenta un problema central: la falta de infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos que establece la propia ley.
La especialista puso como ejemplo la situación de la provincia de Buenos Aires, donde una jueza dictó una medida cautelar vinculada con la imposibilidad de implementar el régimen debido a la falta de establecimientos adecuados.
“No es posible aplicar esta ley en su espíritu con la infraestructura que existe”, sostuvo Frederic.
Según explicó, el nuevo régimen contempla mecanismos alternativos a la privación de la libertad, entre ellos el trabajo comunitario, la formación y la reparación a las víctimas. Para Frederic, estas herramientas tienen como objetivo que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos y desarrolle un sentido de responsabilidad.
“No es lo mismo castigar a un adulto que tiene ya pleno desarrollo de su aparato cognitivo que alguien que está madurando y formándose”, afirmó.
La advertencia sobre la reincidencia
Uno de los principales cuestionamientos de Frederic estuvo relacionado con los efectos que puede tener el ingreso temprano de adolescentes al sistema penal y penitenciario.
La exfuncionaria sostuvo que diferentes estudios realizados en países donde se redujo la edad de responsabilidad penal muestran que la reincidencia puede aumentar entre quienes atraviesan tempranamente el sistema carcelario.
Mencionó investigaciones realizadas en países como Dinamarca y en algunos estados de Estados Unidos, donde se analizaron las trayectorias de jóvenes después de recuperar la libertad.
“Todos los estudios muestran que la reincidencia aumenta”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la privación de la libertad puede generar una serie de consecuencias que dificultan la reinserción social. Entre ellas mencionó la interrupción de la escolaridad, la estigmatización y el contacto con personas vinculadas al delito.
“Cuando son niños o adolescentes, interrumpen su trayectoria escolar. Ya no hay forma de que vayan a la escuela porque no pueden ir”, señaló.
También sostuvo que dentro de los establecimientos pueden generarse vínculos y aprendizajes vinculados con actividades delictivas.
“Se generan redes delictivas, se aprende en profundidad el negocio del delito”, afirmó.
A esto, agregó otro obstáculo para quienes recuperan la libertad: las dificultades para acceder posteriormente a un empleo formal debido a los antecedentes penales.
“El sistema puede empeorar la situación”
Para Frederic, el debate no debería concentrarse exclusivamente en determinar si un adolescente debe ser considerado punible a los 14, 16 o 18 años, sino en qué herramientas utiliza el Estado para evitar que ese joven vuelva a delinquir.
“Está claro que este sistema lo que va a hacer es empeorar la situación”, sostuvo.
La exministra cuestionó además a quienes impulsaron históricamente la reducción de la edad de imputabilidad, entre ellos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri.
Frederic consideró que existe una expectativa social según la cual bajar la edad de imputabilidad puede solucionar rápidamente los problemas de inseguridad, pero sostuvo que esa relación no está respaldada por los resultados de las experiencias analizadas.
“Es lamentable que hayan convencido a mucha gente de que bajar la edad de imputabilidad va a resolver algo”, afirmó.
El problema de la provincia de Buenos Aires
La situación de la provincia de Buenos Aires ocupa un lugar central en la discusión porque concentra una importante proporción de la población del país y ya cuenta con un sistema de instituciones destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Frederic sostuvo que el sistema existente ya se encuentra saturado y que existen adolescentes menores de 16 años privados de su libertad por delitos graves bajo el régimen anterior.
Por ese motivo, consideró que incorporar nuevos adolescentes al sistema sin ampliar previamente la infraestructura puede generar mayores niveles de hacinamiento y dificultar los procesos de educación, capacitación y resocialización.
“Ya el sistema está saturado, no hay forma de garantizar la resocialización”, advirtió.
La exministra también cuestionó al Gobierno nacional por lo que considera una falta de transferencia de recursos suficientes hacia las provincias para afrontar la implementación del nuevo régimen.
Críticas a la reglamentación del Gobierno
Sobre el final de la entrevista, Frederic apuntó directamente contra la reglamentación aprobada por el Gobierno nacional para poner en marcha la nueva legislación.
La calificó como de “una pobreza extrema” y cuestionó especialmente la creación del Comité Interministerial de Régimen Penal Juvenil.
Según explicó, la reglamentación también contempla la figura del supervisor especializado, que tendría funciones de acompañamiento y seguimiento de los adolescentes privados de su libertad.
“Es como una especie de tutor del niño o niña detenido”, explicó, aunque planteó dudas sobre la cantidad de personas que estarán disponibles para desempeñar esa tarea y sobre la capacidad real del sistema para implementarla.
Frederic también señaló que el Gobierno nacional destinó 23.000 millones de pesos para la implementación del régimen: $3.000 millones para el Ministerio de Justicia de la Nación y $20.000 millones para la Defensoría General de la Nación.
“Las provincias, nada”, cuestionó.
La discusión sobre la edad de imputabilidad, de esta manera, no queda limitada al debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes. También pone sobre la mesa la capacidad del Estado para garantizar infraestructura, educación, formación, acompañamiento y mecanismos de reinserción que eviten que el paso por el sistema penal termine profundizando las trayectorias delictivas.
