El diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de mantener bajo secreto las nuevas compras de equipamiento militar y advirtió sobre la falta de transparencia en los procedimientos de adquisición.
En una entrevista con Antonio Novas, en el programa Personalmente, de FM Estudio 2, Rossi sostuvo que el problema no es que determinadas operaciones militares puedan mantenerse reservadas, sino que ese mecanismo se convierta en una práctica habitual que impida conocer cómo se utilizan los recursos públicos.
“Cuando se compra en términos secretos, no solamente queda secreto el objeto que se compra, sino que queda en secreto todo el procedimiento”, explicó el legislador.
La discusión se produjo después de que Novas planteara al aire los alcances del decreto 1205/2026, que, según lo expuesto durante el programa, establece la reserva de información sobre las adquisiciones militares, incluidos el material, los costos, los proveedores y las fuerzas de destino.
Rossi cuestionó la falta de información sobre las compras militares
El exministro señaló que el secretismo impide determinar si el Gobierno realiza comparaciones entre proveedores, si convoca a procedimientos competitivos y si el equipamiento adquirido responde a las necesidades concretas de las Fuerzas Armadas.
También cuestionó que no exista información pública suficiente para conocer cómo se financian esas operaciones.
“No sabemos cómo se pagó, con qué recursos presupuestarios se pagaron, si se pagaron con recursos presupuestarios o bien se utilizaron fondos reservados”, afirmó.
Para Rossi, la reserva puede justificarse en determinadas circunstancias, pero su utilización sistemática dificulta los controles sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, también cuestionó al ministro de Defensa, Carlos Presti, por la falta de explicaciones públicas sobre las decisiones de su cartera y por no presentarse ante el Congreso para defender iniciativas vinculadas con la política de defensa nacional.
El debate por el gasto militar y las prioridades del Gobierno
Durante la entrevista, Rossi planteó que la discusión sobre el reequipamiento militar debe contemplar las prioridades presupuestarias del Estado.
“Lo que resulta claramente chocante es que para algunas cosas hay plata y para otras cosas no hay plata”, expresó.
El diputado mencionó como ejemplos el financiamiento de las personas con discapacidad y del sistema universitario, y contrastó esas necesidades con los recursos destinados a la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas.
“No digo que las Fuerzas Armadas no tengan que tener equipamiento, lo que sí digo es que las universidades tienen que estar bien financiadas”, aclaró.
De esta manera, Rossi diferenció la necesidad de modernizar las capacidades militares de las decisiones sobre cuánto invertir, qué materiales adquirir y cómo distribuir los recursos públicos.
Los vehículos Stryker y las diferencias sobre el equipamiento
Uno de los tramos centrales de la conversación estuvo dedicado a la compra de vehículos blindados Stryker por parte del Gobierno nacional.
Rossi recordó que, durante su última gestión al frente del Ministerio de Defensa, se analizaron tres alternativas para equipar al Ejército Argentino: los Stryker estadounidenses, los vehículos chinos Norinco y los Guaraní brasileños.
Según explicó, su gestión se inclinaba por los Guaraní, entre otros motivos, porque consideraba que ofrecían ventajas operativas y porque parte de su fabricación, incluido el motor y el chasis, se realizaba en la planta de Iveco en Córdoba.
El exministro sostuvo que los Stryker evaluados eran vehículos usados y cuestionó sus capacidades para operar en determinados terrenos, especialmente ante la presencia de ríos y cursos de agua.
También afirmó que las propuestas presentaban diferencias en materia de prestaciones, precios y financiamiento, factores que, a su entender, deben analizarse antes de decidir una adquisición militar.
“Lo que se tiene que analizar” incluye precios, financiamiento, prestaciones, capacitación posventa y transferencia de tecnología, explicó.
Rossi cuestionó que no se conozca si el Gobierno actual realizó una comparación de alternativas antes de decidir la compra y vinculó la elección de proveedores estadounidenses e israelíes con el alineamiento internacional de la administración de Milei.
¿Qué papel tiene el Congreso en el control de las compras?
Consultado por Novas sobre las atribuciones del Poder Legislativo, Rossi sostuvo que el Congreso debe contar con mecanismos para conocer las adquisiciones militares, incluso cuando determinada información deba mantenerse bajo reserva.
Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de la comisión bicameral encargada del control de los organismos de inteligencia, donde los funcionarios pueden informar sobre sus actividades ante legisladores que también están obligados a preservar la confidencialidad correspondiente.
Para el diputado, un mecanismo similar permitiría que el Poder Ejecutivo comunique al Congreso las compras realizadas sin necesidad de divulgar públicamente información que comprometa la seguridad nacional.
Sin embargo, manifestó escasas expectativas de que el Gobierno adopte voluntariamente ese camino.
En ese contexto, recordó un episodio en el que, según relató, el canciller se negó a entregar a los legisladores el discurso pronunciado durante una convención internacional vinculada con la lucha antiterrorista.
Para Rossi, estos antecedentes reflejan una tendencia del Gobierno a manejar información oficial con un nivel de reserva que considera incompatible con la transparencia institucional.
Rossi anticipó acciones parlamentarias
Sobre el final de la entrevista, Novas le preguntó si impulsaría alguna iniciativa concreta para exigir explicaciones sobre el decreto y las compras de armamento.
Rossi confirmó que avanzará con medidas desde el Congreso para reclamar información y promover el control parlamentario.
“Seguramente que vamos a hacer una acción parlamentaria, ya sea a través de algún pedido de informe o citación del ministro, o sea también un pedido de acceso a la información que el Gobierno está obligado a dar legalmente”, adelantó.
El legislador aseguró que seguirá el tema, aunque advirtió que el Gobierno suele escudarse en argumentos vinculados con la reserva para limitar las respuestas a los pedidos de información.
La discusión sobre las adquisiciones militares, por lo tanto, abre un nuevo frente de cuestionamientos entre el oficialismo y la oposición: cómo compatibilizar las necesidades de defensa nacional con el control de los fondos públicos y las obligaciones de transparencia de los actos de gobierno.
