En una entrevista con el programa Personalmente de FM Estudio 2 de Pilar, el fiscal de la Procuración General de la Nación y ex titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, analizó el avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y sostuvo que un funcionario público “tiene el deber de transparentar toda la información que la ciudadanía quiera conocer”.
El reportaje, conducido por Antonio Novas, giró en torno al crecimiento patrimonial del vocero presidencial y las demoras en la presentación de declaraciones juradas. “Estamos ante una situación de injusticia con lo que ha pasado con la evolución del patrimonio de un señor que se niega incluso a presentar las declaraciones juradas”, planteó el conductor al abrir la charla.
Crous explicó que, según la información pública disponible, el juez y el fiscal de la causa se encuentran reuniendo documentación para contrastar “lo declarado con los gastos comprobables”. Además, señaló que las nuevas formas de ocultamiento patrimonial complejizan las investigaciones.
“Ahora esto se complejiza por el tema de las criptomonedas y otras formas de aquilatar activos que no son tan fáciles de ver, aunque sí de trazar”, indicó. Y agregó que muchas veces las propiedades y activos quedan ocultos detrás de sociedades offshore radicadas en guaridas fiscales.
“Hoy por hoy, penosamente, es muy difícil ganarse la plata por derecha y bastante sencillo ocultarla por izquierda”, afirmó.
Cómo funciona una causa por enriquecimiento ilícito
Durante la entrevista, Novas le preguntó al ex titular de la Oficina Anticorrupción de qué depende que un funcionario denunciado sea llamado a declaración indagatoria.
Crous explicó que toda persona señalada en una investigación penal tiene inicialmente la condición de imputado y derecho a defenderse. Sin embargo, precisó que en los delitos de enriquecimiento ilícito el avance del expediente depende de las explicaciones que el acusado pueda brindar sobre el origen de su patrimonio.
“Si esas explicaciones no son convincentes, se constituye el primer estándar de sospecha para convocarlo a declarar”, sostuvo.
El fiscal describió el proceso penal como “una forma de demolición paulatina del estado de inocencia”. Según detalló, luego de una eventual indagatoria el juez puede dictar el procesamiento, el sobreseimiento o una falta de mérito, antes de una posible elevación a juicio oral.
“Esto es fácil de contar, difícil de que suceda en un tiempo razonable, pero así funciona el proceso penal en la Argentina”, resumió.
“La transparencia es una obligación”
Uno de los momentos más críticos de la entrevista llegó cuando Antonio Novas le consultó a Crous sobre el argumento utilizado por Adorni para evitar responder preguntas públicas sobre su patrimonio. Según señaló el conductor, el vocero presidencial suele afirmar que hablar del tema podría “obstaculizar la investigación judicial”.
Para Crous, esa explicación carece de sustento. “Verdaderamente es una excusa pueril decir que obstaculizaría el proceso judicial porque da explicaciones públicas”, respondió.
El fiscal remarcó que los funcionarios públicos están alcanzados por el “principio de máxima transparencia”, contemplado en la legislación argentina sobre ética pública.
“La regla es que todos los actos públicos y todas las condiciones de un funcionario, su patrimonio lo es también. El ámbito de privacidad de un funcionario público es mínimo”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que los integrantes del Estado no solo deben responder cuando se les requiere información, sino que además deben asumir una conducta proactiva para transparentar su gestión y situación patrimonial.
“Él tiene que hacer todo lo posible para que se sepa todo lo que la ciudadanía quiere saber”, señaló.
Críticas al debilitamiento de los mecanismos de control
Crous también se refirió a los organismos encargados de garantizar el acceso a la información pública y advirtió que, según su visión, el actual gobierno redujo facultades de control.
El ex funcionario destacó el rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública, utilizada habitualmente por periodistas para obtener documentación oficial, aunque cuestionó modificaciones recientes.
“Este gobierno atenuó las facultades de la oficina y atenuó también los casos de excepción”, afirmó.
Finalmente, concluyó que existe en la Argentina “un andamiaje legal” destinado a garantizar la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia como regla básica de un sistema democrático.
“Ese argumento no tiene ningún tipo de asidero”, cerró, en referencia a la negativa del vocero presidencial a brindar explicaciones públicas sobre su patrimonio.
