En el programa Agenda Propia de FM Estudio 2, los conductores Diego Schejtman y Patricia Alba entrevistaron al concejal de Pilar Manuel Cáceres, quien expuso la preocupación creciente por la posible discontinuidad del programa “Volver al Trabajo” y sus consecuencias en los sectores más vulnerables.
El eje de la charla giró en torno al reciente fallo judicial que ordena al Estado nacional garantizar la continuidad del programa, que actualmente otorga un ingreso mensual de 78 mil pesos a sus beneficiarios. Si bien se trata de una suma baja en términos absolutos, los conductores remarcaron que cumple un rol clave en la vida cotidiana de muchas familias, permitiendo cubrir gastos básicos como garrafas, alimentos o servicios.
Cáceres coincidió con ese diagnóstico y fue más allá al señalar el impacto colectivo del programa: “No es solo lo que recibe una persona, sino lo que se mueve dentro del barrio. Esa plata sostiene comedores, merenderos y pequeñas economías locales”, explicó.
Incertidumbre frente al fallo judicial
El concejal detalló que el último pago se realizó este mes y que el futuro del programa dependerá de la decisión del Gobierno nacional frente al fallo judicial que lo obliga a continuar. “El fallo está, pero el Gobierno puede acatarlo o no. Por eso estamos en estado de alerta y visibilización”, advirtió.
En ese sentido, señaló que distintas organizaciones sociales y representantes legislativos están impulsando acciones para garantizar el cumplimiento de la medida, tanto en el plano judicial como en el político y mediático.
Impacto directo en Pilar
Según indicó Cáceres, en el distrito de Pilar más de 7.000 personas dependen de este ingreso. La eventual interrupción del programa implicaría también una fuerte retracción económica en los barrios: “Son cientos de millones que dejan de circular en consumos básicos como alimentos, pañales o garrafas”, afirmó.
Además, remarcó que no todos los beneficiarios están organizados en movimientos sociales, sino que también incluye a trabajadores informales que encuentran en este ingreso un “piso mínimo” para sostener su vida diaria.
La voz de los beneficiarios
Consultado sobre el clima social, el concejal describió un escenario de fuerte incertidumbre: “La gente no sabe si el mes que viene va a cobrar. Y eso desorganiza todo: desde la comida hasta la posibilidad de que un chico tenga para la escuela”.
En ese marco, subrayó que el programa, aunque limitado, permite cubrir necesidades esenciales: materiales escolares, conectividad o alimentación. “No es un gran ingreso, pero hoy perderlo significa caer aún más abajo”, sostuvo.
Reclamo y advertencia
Sobre el cierre, Cáceres dejó una definición contundente: “El trabajo sin salario es esclavitud. Y muchos de los beneficiarios trabajan todos los días en la economía popular”.
La entrevista dejó en claro que el conflicto no solo es judicial o político, sino profundamente social. En los próximos días, la decisión del Gobierno nacional será clave para determinar si miles de familias podrán sostener ese ingreso mínimo que, en un contexto crítico, resulta vital.
