Jorge Capitanich cuestionó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y explicó los motivos por los cuales, junto a otros legisladores, impulsó medidas ante la Justicia para intentar frenar la licitación. En una entrevista con Antonio Novas en el programa Personalmente, de FM Estudio 2, el dirigente sostuvo que existen interrogantes sobre la valuación de la empresa, las condiciones de la concesión y el futuro de los usuarios.
El senador, integrante de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, señaló que se presentaron dos iniciativas: un pedido de investigación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y una medida cautelar para suspender el proceso hasta que se aclaren aspectos que considera fundamentales.
Capitanich cuestionó la tasación de AySA
Uno de los principales cuestionamientos del legislador está relacionado con el mecanismo utilizado para determinar el valor de la compañía. Según explicó, se habría reemplazado al Tribunal de Tasaciones de la Nación por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para realizar la evaluación, sin que se difundieran con suficiente claridad los métodos y criterios utilizados.
Capitanich comparó las cifras que mencionó durante la entrevista: un valor de referencia de 500 millones de dólares y una oferta de 340 millones. También hizo referencia a inversiones acumuladas por 13.400 millones de dólares, según sus declaraciones.
“Lo que queremos es que esta medida cautelar implique la intervención por parte de la Justicia y que se hagan los procedimientos tal cual corresponde”, afirmó.
El dirigente cuestionó, además, la transferencia del 90% del capital accionario y una concesión por 30 años, renovable por otros diez. A su entender, el proceso debe ofrecer información detallada sobre las inversiones previstas, los costos de operación y mantenimiento, la cantidad de usuarios, los sistemas de medición y los mecanismos de subsidios.
La concentración empresarial y los antecedentes de las concesiones
Durante la conversación con Novas, Capitanich también manifestó su preocupación por la concentración de servicios públicos en manos de grupos empresarios.
El senador sostuvo que una privatización de estas características puede otorgar a los concesionarios una posición de poder durante décadas y generar conflictos futuros entre las empresas y el Estado argentino.
En ese marco, recordó experiencias anteriores de concesiones de servicios públicos y cuestionó los mecanismos de actualización tarifaria y el incumplimiento de obligaciones contractuales que, según planteó, se registraron en períodos previos.
Consultado por las vinculaciones empresariales mencionadas durante la entrevista, Capitanich coincidió con la preocupación expresada por el conductor y sostuvo que existe una concentración del patrimonio público en determinados grupos económicos.
“Hay una concentración absoluta por parte de grupos empresarios que se apoderan del patrimonio público a un precio vil”, afirmó.
Sus declaraciones se inscriben en una crítica más amplia al modelo económico del Gobierno nacional, al que acusó de favorecer la acumulación de ingresos en sectores concentrados.
Agua potable, cloacas y cobertura del servicio
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto que la privatización podría tener sobre la prestación del servicio.
Capitanich señaló que AySA alcanza, según las cifras que mencionó, a unos 14 millones de habitantes en aproximadamente 26 distritos, con una cobertura de agua potable del 75,3%.
También advirtió sobre las desigualdades en el acceso a las redes cloacales y sostuvo que todavía existen hogares sin conexión.
Para el senador, antes de avanzar con la privatización deben conocerse los planes de expansión de las redes, las inversiones necesarias y las condiciones que se exigirán al futuro concesionario.
En su análisis, el agua potable no puede evaluarse únicamente desde una perspectiva comercial, porque está directamente vinculada con la salud pública, la prevención de enfermedades y la calidad de vida de la población.
“El agua potable es líquido vital, esencial para la vida humana”, remarcó.
¿Podrían cortar el agua a quienes no puedan pagar?
Hacia el final de la entrevista, Antonio Novas le preguntó a Capitanich si la privatización podría habilitar cortes del suministro a usuarios que no puedan afrontar el pago de las facturas.
El legislador aclaró que no había podido acceder al detalle de los pliegos de la licitación. Sin embargo, señaló que esa posibilidad se encontraba entre los escenarios que consideraba posibles.
Capitanich insistió en que el servicio debe organizarse bajo criterios de universalidad, calidad y acceso, con mecanismos que permitan garantizar una cobertura a menor precio para los sectores de menores ingresos.
“Un servicio público debe plantearse en términos de universalidad en el servicio, calidad en la prestación”, sostuvo.
Y agregó que el Estado debe realizar un esfuerzo para evitar que las personas de menores recursos queden excluidas de un derecho esencial.
Un pedido para que intervenga la Justicia
Capitanich concluyó que el objetivo de las medidas impulsadas es que se revisen los procedimientos y se garantice la transparencia antes de avanzar con la transferencia de la empresa.
Para el senador, las condiciones de la privatización no solo comprometen el patrimonio público, sino que también pueden determinar el costo, la calidad y la cobertura de un servicio esencial durante las próximas décadas.
La discusión sobre AySA, planteó, excede la propiedad de una compañía: involucra el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental y la responsabilidad del Estado de garantizar prestaciones indispensables para la población.
