El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Farmacias y permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias volvió a encender la polémica entre las autoridades sanitarias y el sector farmacéutico. Mientras desde la administración de Javier Milei sostienen que la medida apunta a ampliar la competencia y facilitar el acceso a determinados productos, las entidades que representan a los farmacéuticos advierten que la iniciativa podría tener consecuencias sobre la seguridad de los pacientes.
En ese contexto, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez, manifestó un fuerte rechazo al anteproyecto de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger y aseguró que «el medicamento no puede ser tratado como un producto de consumo masivo».
Durante una entrevista con Antonio Novas en FM Estudio 2, Gómez sostuvo que el texto conocido días atrás retoma varios de los puntos que ya habían sido incluidos en el DNU 70/2023 y que actualmente se encuentran judicializados.
«La semana pasada conocimos este nuevo anteproyecto y estamos en desacuerdo con muchos de sus puntos. Estamos abiertos a discutir herramientas que mejoren el acceso a la salud, pero vender medicamentos fuera de la farmacia no mejora el acceso: elimina controles fundamentales para proteger al paciente», afirmó.
«Un medicamento puede provocar efectos adversos»
La dirigente explicó que incluso los medicamentos de venta libre pueden ocasionar complicaciones cuando son utilizados sin el debido asesoramiento.
«Hay una idea equivocada de que un medicamento de venta libre no representa riesgos. Eso no es cierto. Puede tener contraindicaciones, producir efectos adversos o interactuar con otros tratamientos. Además, debe garantizarse que sea un producto legítimo, correctamente conservado y que llegue al paciente en condiciones adecuadas», señaló.
En ese sentido, remarcó que el farmacéutico cumple un rol sanitario que excede la simple comercialización.
«Desde que el medicamento sale del laboratorio hasta que llega a la farmacia existe una cadena de controles que garantiza su seguridad. Cuando el paciente llega al mostrador recibe además el asesoramiento de un profesional universitario que estudió entre cinco y seis años para cumplir esa función», indicó.
El antecedente de los años noventa
Uno de los principales argumentos del sector farmacéutico es la experiencia registrada durante la década del 90, cuando existió una flexibilización en la comercialización de medicamentos.
Según Gómez, las consecuencias fueron graves.
«Vivimos una situación similar y tardamos más de treinta años en corregirla. Hubo medicamentos adulterados y hasta fallecimientos de pacientes. Son antecedentes que no pueden ignorarse», advirtió.
Para la titular de la COFA, repetir ese esquema implicaría retroceder en materia de seguridad sanitaria.
La discusión también pasa por el precio
El Gobierno sostiene que una mayor competencia podría contribuir a reducir los precios de algunos medicamentos. Sin embargo, Gómez planteó que esa ecuación no siempre beneficia al consumidor.
Recordó que durante 2024 varias drogas pasaron de ser de venta bajo receta a venta libre y, si bien algunas redujeron su precio de lista, dejaron de contar con cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
«Muchos pacientes que antes accedían con descuentos del 60, del 80 o incluso del 100 por ciento terminaron pagando el medicamento completo de su bolsillo», explicó.
También aclaró que las farmacias no son responsables de fijar el valor de los medicamentos.
«El precio lo establecen los laboratorios. La farmacia trabaja con un margen regulado y además sostiene buena parte del financiamiento del sistema de seguridad social», indicó.
Buscarán frenar el proyecto en el Congreso
Consultada sobre las posibilidades de que la iniciativa avance, Gómez afirmó que las entidades farmacéuticas iniciarán una ronda de reuniones con legisladores nacionales.
«Vamos a explicar con evidencia científica y datos concretos qué consecuencias puede tener esta medida. Hay estadísticas sobre consultas toxicológicas, ingresos a guardias y complicaciones derivadas del uso inadecuado de medicamentos de venta libre», sostuvo.
La dirigente también recordó que varias provincias cuentan con leyes propias que regulan la actividad farmacéutica, por lo que una eventual aprobación de la norma nacional no tendría aplicación automática en todo el país.
Un debate que trasciende la economía
Durante la entrevista, Antonio Novas planteó que el debate enfrenta dos miradas distintas: una centrada en la desregulación económica y otra enfocada en la salud pública.
En ese marco, Gómez insistió en que la discusión no debe limitarse a cuestiones comerciales.
«Nosotros entendemos al medicamento como un bien social. El Estado debe garantizar el acceso, pero también debe garantizar que ese acceso sea seguro. Modernizar recetas digitales o avanzar con herramientas tecnológicas es positivo. Lo que no podemos hacer es perder controles que protegen a los pacientes», concluyó.
El proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, pero ya abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno y uno de los sectores que advierte que la desregulación del mercado farmacéutico podría tener un impacto directo sobre la salud pública.
