“Hace ocho meses que estamos reclamando y no tenemos respuesta de nadie. Estamos esperando nuestras indemnizaciones. Los dueños nos concursaron a todos, pero tampoco están cumpliendo con los pronto pagos”, explicó Gabriela Vallejos, ex trabajadora de la firma, en diálogo desde el móvil del programa Agenda Propia
Protesta activa y reclamo colectivo
La manifestación se desarrolla en la puerta de la fábrica, sobre calle 9, donde los trabajadores sostienen un acampe permanente con guardias rotativas. “Nos organizamos en turnos, porque muchos tuvimos que reinventarnos laboralmente, pero seguimos cuidando lo que está adentro, que es nuestra garantía de poder cobrar algo”, señaló Vallejos.
Como medida de fuerza, los despedidos realizan cortes intermitentes en el Parque Industrial para visibilizar el conflicto: “Cortamos un rato la calle, después liberamos. No queremos perjudicar a otros trabajadores, pero es la única forma de hacernos escuchar”.
Impacto emocional y social
El fallecimiento de López marcó un punto de quiebre en el conflicto. “Estamos muy afectados, no solo económicamente, sino emocional y psicológicamente. Lo que nos hicieron no tiene nombre”, expresó la trabajadora.
Además, destacó el acompañamiento de la familia del ex empleado: “Nos pidieron que no bajemos los brazos, que la pérdida de su hermano no quede en vano”.
Reclamo a la Justicia
Uno de los ejes centrales del reclamo está dirigido al juez de la causa, Hernán Papa. Los trabajadores enviaron una carta solicitando su intervención: “Es el que tiene el poder de apurar a la empresa para que nos pague. Queremos que se haga justicia”, sostuvo Vallejos.
En ese sentido, denunció la falta de avances en el concurso de acreedores: “No cobró nadie. Nosotros, como trabajadores, tenemos prioridad por el pronto pago, pero no recibimos un peso”.
Según explicó, lo único que se realizó hasta el momento fue un relevamiento de los bienes de la empresa, que deberían ser liquidados para afrontar las deudas.
Historias detrás del conflicto
Gabriela Vallejos trabajó durante 20 años en ILVA. Hoy, como muchos de sus compañeros, tuvo que reinventarse: “Soy asistente de kinesiología y me dedico a eso, pero sigo viniendo al acampe”.
También relató la situación de López, quien intentaba subsistir trabajando con su auto, que había sido robado semanas antes: “Era su única entrada económica. Eso lo golpeó aún más”.
Un reclamo que persiste
Los trabajadores fueron despedidos bajo el artículo 247, que implica el pago del 50% de la indemnización. Sin embargo, ni siquiera ese monto fue abonado.
“Por lo menos que paguen eso. Después cada uno hará el juicio por el resto, pero ni siquiera eso están cumpliendo”, reclamó Vallejos.
Mientras tanto, el acampe continúa y las protestas seguirán hasta obtener una respuesta. “Queremos justicia, queremos ser escuchados. Hace ocho meses que estamos acá y nadie cobró un peso”, concluyó.
La situación, como definieron desde Móvil para el programa Agenda Propia (FM Estudio 2), es “realmente desesperante” y expone una problemática que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso del tiempo.
